Ambiente: una deuda eterna que el Ecuador no salda
El cuidado, protección y fomento de la conservación del medio ambiente es una materia que el Estado ecuatoriano no ha logrado saldar durante décadas, y su deuda en este ámbito crece conforme pasan los años.
La expedición de licencias ambientales para explotación minera en áreas conflictivas, los irremediables efectos de la actividad petrolera y, ahora, el impacto que está causando la generación hidroeléctrica con la presencia del complejo Coca Codo Sinclair y su evidente afectación a la cuenca del río Coca y la cascada de San Rafael, son solo las consecuencias de la falta de líneas maestras de política ambiental, de las cuales el país ha carecido en los últimos 40 años.
Si bien es cierto, existe un cambio en la dinámica relacional entre el Gobierno actual y los movimientos sociales, a diferencia del quiebre definitivo de diálogo que existió en el régimen anterior, los conflictos en zonas medioambientales delicadas que ahora se han concesionado a la actividad minera y petrolera, no ha cesado.
La política extractivista se ha impuesto sobre la lógica conservacionista del medio ambiente y, en ese contexto, la intervención del Estado se ha limitado a la de convertirse en un mero tramitador de licencias ambientales, aislándose, convenientemente o no, de la solución de conflictos que están latentes y que amenazan su propia razón de ser.
La postergación permanente de la consulta sobre el Yasuní, el silenciamiento de la oposición social a la explotación minera en Quimsacocha, y la escalada de violencia en las zonas mineras de Intag son solo una muestra de cómo se le ha ido de las manos al Estado ecuatoriano esta tarea que consta, evidentemente, entre sus responsabilidades. Pero estas problemáticas diversas son solo la consecuencia de una actitud de abandono y desembarazamiento, que ha emprendido la institucionalidad oficial nacional respecto al tema medioambiental. Y en gran medida, aquello obedece a una ya constante tendencia a eliminar de entre los roles del Estado esa delicada exigencia nacional.
La reciente pandemia de Covid-19 que ha azotado al mundo, nos ha mostrado a la civilización que la única alternativa posible al desastre y la extinción del género humano, es el replanteamiento de nuestra relación con el planeta, con la naturaleza, sus ecosistemas y un re-pensar de los procesos de extracción de recursos, que deben enmarcarse en una nueva visión de respeto y sostenibilidad de la vida, tanto vegetal y animal como humana.
El Ecuador no puede abstraerse de esa nueva realidad que las generaciones actuales y futuras demandan. Es hora ya de plantear sobre la mesa las verdaderas y urgentes líneas maestras que rijan una fuerte política de Estado, tendiente a la conservación del medio ambiente, la extracción racional de los recursos con el mínimo impacto, y la dignificación de quienes resultan afectados por actividades extractivas, más allá del clientelismo político o las dádivas entregadas como “compensaciones”, bajo el amparo de un Estado que asuma su responsabilidad como conductor y catalizador de las relaciones entre todos los actores de la dinámica social-ambiental-empresarial, y no como un mero espectador de las crisis.